FILTRACIÓN IMPLICA A FAMOSOS ATLÉTAS OCCIDENTALES EN CASOS DE DOPAJE SOLAPADOS

Las revelaciones sobre que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se hizo de la vista gorda sobre reconocidos deportistas forma parte un largo ciclo que evidencia los intereses detrás de un campo, como el deportivo, que se ha hecho parte de la nueva Guerra Fría 2.0 entre Estados Unidos y Rusia.

Decimos esto porque la prohibición de participación de atletas rusos en los Juegos Olimpícos de Río de Janeiro todavía da de qué hablar, y evidencia los intereses y las maniobras espurias que se mueven detrás del deporte mundial, como un síntoma más de que las caretas de las instituciones mundiales se caen por su propio peso y deterioran su propia capacidad de legitimidad a nivel global.

¿Cómo comenzó todo?

Como sabemos, el 18 de julio la AMA emitió un informe en el que acusa a Rusia de haber ideado, a través de su Servicio Federal de Seguridad y el Ministerio de Deportes de Rusia, una compleja trama para pasar por alto el doping positivo de sus atletas en los Juegos de Invierno de Sochi en 2014.
A partir de este informe fue que la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) suspendió a su contraparte rusa, y se le prohibió participar en los Juegos Olímpicos de Río Janeiro, pese a que Moscú hizo los correctivos requeridos en su sistema de dopaje.
Calificada como una operación política por el Kremlin, esta medida arbitraria quedó evidenciada en su totalidad cuando la única atleta rusa con permiso para participar en Río fue suspendida horas antes de su actuación cuando aparecieron "nuevas revelaciones" sobre su caso, según reveló la IAAF.

La respuesta rusa

Esta prohibición fue tomada ampliamente como un ataque a Moscú por la sociedad de este país, y a mediados de este mes de septiembre el grupo de hackers Fancy Bears, supuestamente no vinculado al Kremlin, filtró documentos secretos de la AMA.

En estos documentos secretos, filtrados por el hackeo a esta institución, se evidencia cómo la agencia permitió el dopaje de atletas como las tenistas estadounidenses Serena y Venus Williams, la gimnasta Simone Biles del mismo país y distintos atletas de fama mundial como el español Rafael Nadal y el velocista británico Mo Farah.
Esto no sólo evidencia la convivencia con el dopaje en el alto rendimiento, previo a los JJOO de Río, sino justamente de lo que se le acusaba a Rusia: un complejo sistema de corrupción en el atletismo mundial.

Narrativas y relatos en la Guerra Fría 2.0

Aunque el Kremlin se desvinculó de estas revelaciones, lo cierto es que el aparato de propaganda de Rusia ampliamente cubrió el hecho y colaboró para que ésta se propagara hacia audiencias no tan cercanas al relato informativo sobre esta controversia, en la que los atletas rusos fueron rápidamente demonizados durante Río, incluso con la participación del nadador estadounidense Michael Phelps.
Este tipo de operaciones lo que demuestra es el amplio uso de recursos informativos y de ciberguerra para imponer una narrativa de los hechos, identificable y lejana a lo que los grandes medios de comunicación puedan sostener.
Lo que muestra la debilidad en el relato sobre los acontecimientos mundiales que tiene Washington y la posibilidad de realizar operaciones de propaganda que reviertan su narrativa para convertir las instituciones que usa con fines políticos, como la IAAF y la AMA, en las meras mamparas que son para tomar medidas políticas contra un país soberano.
También algo que puede sonar incómodo y no deja de ser real: los deportistas de alto rendimiento se drogan, y mucho, para poder estar donde están y ser rentables para las compañías que los patrocinan.

FUENTE: WWW.MISIONVERDAD.COM

LA ONU APRUEBA A VENEZUELA Y SUSPENDE A ESPAÑA EN DERECHOS HUMANOS

El Comité de Derechos Humanos de la ONU divulgó sus apreciaciones sobre la implementación de los Derechos Civiles y Políticos en España, Venezuela, Reino Unido, la ex República Yugoslava de Macedonia, Canadá, Uzbekistán y Francia. Contradiciendo la opinión difundida hasta la saciedad por la práctica totalidad de los medios de comunicación de masas españoles, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó a Venezuela, a la que hace algunas recomendaciones, mientras que reprobó duramente a España hasta en 26 apartados.

Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU se refieren a los aspectos positivos de la implementación en Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por el país en 1978. También resaltan las principales áreas de preocupación en la materia para los expertos y detallan recomendaciones de acción por parte del Comité al Estado examinado.

Simultáneamente se hizo público el informe Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España.

España tendrá que repetir el curso de Derechos Humanos después de que Naciones Unidas le haya suspendido un puñado de asignaturas con títulos tremendos: Expulsiones en caliente, Racismo policial, Desigualdad de género, Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros.

Una representación de España -seis Ministerios, Fiscalía General y Misión ante Naciones Unidas- compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que examinaba a varios países sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados Parte.

Tras analizar lo presentado por España, Naciones Unidas acaba de dar las notas: suspenso. El informe suma hasta 26 «preocupaciones» por el incumplimiento del Pacto y críticas por la persistencia de leyes y prácticas contrarias a los Derechos Humanos.

– RACISMO POLICIAL. Naciones Unidas afea la existencia de «controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos, en particular los romaníes». Pide a España que «elimine el uso de perfiles étnicos por los policías y funcionarios», que se «incremente la capacitación para esos agentes sobre sensibilidad cultural» y que «lleve a los responsables ante los tribunales».

– DISCRIMINACIÓN. El informe refleja «discriminaciones» a inmigrantes y minorías étnicas «en el acceso a la vivienda, educación, empleo y salud».

– ESTERILIZACIONES FORZADAS. La ONU critica la «esterilización forzada a personas con discapacidad, cuya capacidad jurídica no se reconoce». El Comité exige que se «obtenga el consentimiento informado de las personas con discapacidad».

– DESIGUALDAD DE GÉNERO. Las mujeres están «insuficientemente representadas en los puestos decisorios». Inquietan las «notables diferencias salariales entre hombres y mujeres».

– VIOLENCIA MACHISTA. Naciones Unidas apunta la «persistencia» de la violencia machista y alerta sobre el «alto grado de violencia que sufren las inmigrantes, que no suelen denunciar las violaciones sufridas». Propone «aumentar» la protección a las mujeres de origen romaní e «investigar» las denuncias de mujeres «especialmente vulnerables y marginadas».

– ABORTO ILEGAL. La ONU no está de acuerdo con la reforma de la ley, que obliga a las mujeres de entre 16 y 18 años, incluso en situaciones de violencia familiar, a obtener el consentimiento de sus padres para interrumpir el embarazo. Ello «puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la salud de las mujeres».

– MALOS TRATOS POLICIALES. El informe refiere un «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» de agentes del Estado, critica la «debilidad en las investigaciones» y rechaza los indultos a policías condenados por torturas. Exige «eliminar la tortura, establecer órganos de denuncia independientes, asegurar que los exámenes forenses sean imparciales y prohibir indultos a culpables de torturas». Alaba la grabación de interrogatorios, pero lamenta que no sea sistemática.

– LOS CIE. A Naciones Unidas le preocupa el «uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular» y pide que todos los CIE tengan instalaciones sanitarias.

– AISLAMIENTO DE DETENIDOS. Aunque celebra que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «reduce» el uso del régimen de incomunicación, la ONU pide que se «elimine la detención en condiciones de incomunicación».

– EXPULSIONES DE REFUGIADOS. El informe critica las «expulsiones en caliente», los «vuelos de deportación» y las «denegaciones de asilo» a solicitantes no sirios. Y todo ello con «malos tratos». Pide que España revise la Ley de Seguridad Ciudadana y que garantice que «autoridades extranjeras no cometan violaciones de Derechos Humanos en territorio español» (en referencia a la Policía marroquí en las vallas de Ceuta y Melilla).

– LEY DE AMNISTÍA DE 1977. La ONU pide que se derogue, porque «impide la investigación de las torturas, desapariciones y ejecuciones» del franquismo. Pide que se revise la legislación de la exhumación de las fosas para que no recaiga en las familias y se garantice la igualdad en todas las CCAA.

– TRATA DE SERES HUMANOS. El documento de Naciones Unidas lamenta que España «siga siendo un país de destino, tránsito y origen de mujeres, hombres y niños víctimas de trata sexual y de trabajo forzoso».

– ‘LEY MORDAZA’. A Naciones Unidas le preocupa el «efecto disuasorio» para la libertad de expresión y de reunión de la Ley Mordaza. Cita el «uso excesivo de sanciones» y la prohibición de grabar a agentes de Seguridad del Estado. Pide a España que «revise la Ley de Seguridad Ciudadana».

T/Revista venezolana

ESTADO COLOMBIANO RECONOCE PARTICIPACIÓN EN MASACRE DE LA UNIÓN PATRIÓTICA

 

 

 

El presidente Santos encabezó la ceremonia de reconocimiento de uno de los episodios más tristes de la historia reciente de Colombia. 

El Estado colombiano reconoció, por medio del presidente Juan Manuel Santos, su participación activa en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) en la década de los 90, donde agentes de la nación presuntamente asesinaron a  2 candidatos a la presidencia, 8 congresistas 70 concejales, 11 alcaldes y un número aún desconocido de dirigentes en todo el país.
Santos encabezó la ceremonia de reconocimiento de uno de los hechos trágico en la historia de ese país, que pese a no resolver las responsabilidades penales individuales por los crímenes cometidos, otorga la garantía de no repetición , tal como lo asegura la corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos Reiniciar. 
"El Estado no tomó medidas suficientes para prevenir los asesinatos, atentados y las demás violaciones, a pesar de las evidencias de que esa persecución estaba en marcha", reconoció Santos y agregó que "esa tragedia nunca debió suceder", en un acto donde estuvieron presentes al menos 200 sobrevivientes o familiares de víctimas de la UP. 
Santos se comprometió "solemnemente a tomar todas las medidas necesarias y a dar todas las garantías que se requieran para que nunca una organización política en Colombia sufra lo que le pasó a la Unión Patriótica". 
 

 

La abogada de Reiniciar, Luz Stella Aponte, explicó que tal reconocimiento no tiene el peso para resolver el caso que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y agregó que dicho anuncio del Estado no define la manera en como se reparará a las víctimas de la UP.  Aponte aclaró, que aún con estos fallos, la medida del Estado es un paso fundamental, no solo para el ejecute del proceso de paz, sino también el reconocimiento  de la responsabilidad internacional en el marco del litigio en la CIDH.
Para que exista una justicia plena para las víctimas de la UP es necesario que el Estado colombiano reconozca toda su responsabilidad, indicó la jurista, y alegó que este "permitió, propició, toleró, y de alguna manera auspició el genocidio". 
Denunció que estos crímenes se mantienen en la impunidad, debido a que el Estado en su momento "no adoptó  las medidas necesarias para prevenirlos y tiempo después, no castigó efectivamente a los agentes estatales que desde instancias militares y civiles los determinaron o ejecutaron". 
"Es una contribución que hacen las víctimas de la Unión Patriótica al proceso de paz con la esperanza de que el país entre en un proceso de reconocimiento y de pluralismo político que pueda contribuir a la construcción efectiva de la paz", aseveró la abogada.

En contexto
 
La fuerza política UP surgió tras los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 1984.  Muchos de sus dirigentes han muerto desde entonces, entre ellos dos candidatos presidenciales: Bernando Jaramillo y Jaime Pardo Leal.
Además de los congresistas Manuel Cepeda Vargas, Leonardo Posada Pedraza, Pedro Nel Jiménez y Pedro Luis Valencia, y los dirigentes nacionales, José Antequera y Josué Giraldo Cardona, quienes serán recordados por sus esfuerzos para lograr la paz en la nación andina.
Las víctimas de la UP no han tenido justicia, pese a que los casos fueron analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, las autoridades colombianas ya iniciaron un proceso de reparación al movimiento político. 


FUENTE: TELESUR

FILIPINAS VE EN NEXO CON EEUU LA CAUSA DEL TERRORISMO EN EL SUR DE SU PAÍS

Filipinas busca una política exterior independiente —sin EE.UU. al que responsabiliza de la presencia terrorista en el sur del país—.

El portavoz presidencial Ernesto Abella hizo esta afirmación el lunes para explicar las declaraciones pronunciadas esa misma jornada por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, en las que exigió la retirada inmediata de las tropas estadounidenses desplegadas en la isla de Mindanao, en el sur del país.

"La declaración refleja la nueva dirección (de Duterte) hacia la elaboración de una política exterior independiente. Él ha hecho referencia a la masacre de Bud Daho, en Sulu, cometida por los estadounidenses, quienes no la reconocen. Por lo tanto, nuestra relación continua con el Occidente es la verdadera razón de la amenaza terrorista en Mindanao", señaló el vocero.

"No vamos a cortar nuestras relaciones militares, pero vamos a trazar una política exterior independiente", ha dicho este martes el presidente de Filipinas durante un acto en la base aérea Villamor, en Manila, por la celebración del 48 aniversario de la unidad aérea que transporta al jefe del Estado filipino.

Filipinas "no puede ser sólo un país pequeño al que grita o da lecciones ningún país ni presidente extranjero. Es hora de que hablemos seriamente sobre nuestra soberanía", ha agregado.

La masacre de Bud Dajo, ocurrida en 1906, fue el asunto planteado por Duterte durante la reunión a puertas cerradas de los líderes en la Cumbre de Asia Oriental en Laos para subrayar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los estadounidenses.

"El silencio estadounidense sobre el asunto carece de congruencia con su posición 'moral', en vista de las acciones emprendidas en el pasado por los alemanes, quienes confesaron (…) el Holocausto…", dijo Abella.

Abella subrayó que Duterte —conocido por su irrestricta oposición a cualquier injerencia extranjera en asuntos internos de su país— se encuentra en "un terreno firme moralmente al derribar los muros que cubren las esquinas oscuras de las relaciones estadounidense-filipinas".

El líder asiático generó una gran crisis a principios del mes cuando insultó gravemente a su homólogo estadounidense, Barack Obama, por haber cuestionado su campaña antinarcotráfico.

Mindanao, específicamente la provincia insular de Sulu, es considerada como el bastión del grupo terrorista Abu Sayyaf, el cual juró lealtad al grupo EIIL (Daesh, en árabe).

ncl/mla/hnb



FUENTE: HISPAN TV

COLOMBIA: COCA-COLA Y CHIQUITA ACUSADOS DE FINANCIAR EL TERRORISMO

En Colombia, Coca-Cola y más de 50 empresas más han sido acusadas de financiar al terrorismo. Los tribunales colombianos acusan a Coca-Cola de contratar asesinos del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia para matar a al menos diez líderes laborales entre 1990 y 2002. La empresa frutera estadounidense Chiquita también está acusada de financiar a la organización paramilitar. Las familias de las víctimas también han demandado a Chiquita en tribunales de Estados Unidos. El último caso en contra de Coca-Cola y las otras 50 empresas será atendido por un tribunal de justicia transitorio. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura de Colombia y la histórica firma de un acuerdo de paz entre los rebeldes de las FARC y el gobierno colombiano.






FUENTE: DEMOCRACYNOW.ORG/ES

PERIODISTA DEL TIMES: EL HOMBRE QUE ME DISPARÓ AHORA TRABAJA PARA LA CIA

Un periodista británico, secuestrado en 2014 en Siria, ha revelado que fue secuestrado por rebeldes apoyados por la CIA de EE.UU.

En un artículo publicado este sábado, Anthony Lloyd, el periodista del diario The Times  que cubría el conflicto en Siria, anuncia que recientemente ha reconocido a quien le disparó y secuestró en un video donde se muestra a rebeldes "pertenecientes a un grupo apoyado por la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés)”.  
Según Lloyd, el captor lo tomó como rehén acusándolo de espiar para las fuerzas de la CIA, pero, al revisar este video, se dio cuenta de que esa misma persona trabajaba como uno de los agentes de dicha organización estadounidense entre los rebeldes sirios.

Me disparó en medio de una multitud de espectadores tras haberme golpeado salvajemente, acusándome de ser un espía de la CIA. Ahora, por lo que parece, trabaja para ella", explica Anthony Lloyd, el periodista del diario The Times.

Durante su captura, el periodista sufrió un disparo en la pierna y su colega Jack Hill fue duramente golpeado, según escribe en el diario británico. Ambos periodistas fueron finalmente liberados por orden de un comandante local rebelde.

"Me disparó en medio de una multitud de espectadores tras haberme golpeado salvajemente, acusándome de ser un espía de la CIA. Ahora, por lo que parece, trabaja para ella", explica Lloyd, destacando que le disparó dos veces "casi a quemarropa" mientras estaba atado.
Además, informa de que esta persona pertenecía a uno de los grupos armados que secunda EE.UU. y que, supuestamente, luchaban con los terroristas del EIIL (Daesh en árabe) en Siria.
Los llamados ‘rebeldes’ sirios forman parte de la coalición de opositores armados en Siria, a la que Washington considera “moderada” y apoya abiertamente, con el fin de materializar su objetivo de derrocar al Gobierno del presidente sirio, Bashar al-Asad.
Sin embargo, varios documentos revelan la masiva incorporación de elementos entrenados, financiados y armados por EE.UU. y sus aliados occidentales y regionales en grupos ultraviolentos y extremistas como Frente Al-Nusra y EIIL (Daesh, en árabe), que actualmente perpetra crímenes de lesa humanidad en Irak y Siria.

A finales del septiembre de 2015, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el comandante de uno de los grupos que entrenó la CIA suministró armas y equipos militares proporcionados por EE.UU. al Frente Al-Nusra (filial de Al-Qaeda en Siria).


myd/nii/




FUENTE: HISPAN TV